23 October, 2019

EL FIN DE LA ACCION PUBLICA

Con alguna frecuencia, a veces más a veces menos, nos encontramos con determinados episodios que evidencian que el ejercicio del poder, que la acción pública, se dirige a la consecución de fines subjetivos, sea el enriquecimiento del que manda, sea la financiación del grupo al que pertenece quien gobierna. En otras ocasiones, se trasluce sin embargo, un limpio deseo de contribuir al bienestar dinámico e integral de las personas, del pueblo.

En unos casos aflora el mundo de la corrupción, que implica el uso del poder para fines particulares, en otros, el gobierno de la cosa pública se orienta a la mejora continua de las condiciones de vida de la gente. Hoy nos hallamos inmersos en un momento en el que se están destapando numerosos casos de corrupción urbanística con la consiguiente revelación de poderes públicos que se usan para el enriquecimiento de los dirigentes. Lo que ocurre en estos supuestos es que la ordenación racional del uso del suelo al servicio del derecho a la vivienda de las personas se convierte en la ocasión para hacerse rico a través del comercio con poderes públicos pensados para hacer posible el bienestar general, no el de los gobernantes.

Colocar, por tanto, a las personas, y sus derechos, en el centro de la acción pública tiene una consecuencia inmediata que se puede cifrar en la permanente disposición de los gobernantes a prestar servicios reales a los ciudadanos, de servir a sus intereses reales. En palabras del artículo 103.1 de la Constitución española de 1978: servir objetivamente al interés general, que es el interés de todos, no de una parte, por relevante e importante, o mayoritaria, que ésta sea. Para hacer posible, y creíble, esta disposición de servicio a la comunidad es menester el entendimiento con los diferentes interlocutores sociales a partir de un objetivo común: libertad y participación. Si no se propicia un ambiente de libertad y participación, como por cierto manda el artículo 9.2 de la Constitución de 1978, es difícil, muy difícil, construir y levantar ambientes abiertos y plurales que permitan que el espacio público sea realmente de todos.

¿ Cómo orienta, o puede orientar, la libertad y la participación la acción pública concreta?. Para contestar a esta cuestión hay que tener presente que los logros concretos que se pueden alcanzar, de orden social, cultural o económico, a partir de la acción pública no derivan de la trascendencia o de la relevancia del éxito del agente político, sino de las necesidades reales de la gente que viéndose satisfechas, permiten conseguir un índice de calidad de vida que hace más fácil el acceso a una más plena condición humana. Atender, por tanto, a la realidad, a las necesidades colectivas del pueblo de forma comprometida es hoy una exigencia insoslayable para el ejercicio de la política democrática, pues, de lo contrario, el ejercicio del poder acaba por aliarse con un irrefrenable deseo de más poder, más dinero y más notoriedad al precio que sea. En el caso de recalificaciones urbanísticas, modificaciones o revisiones de los planes, si no se tiene presente objetivamente el interés de todos, el ejercicio de los poderes urbanísticos acaba por envolver operaciones especulativas millonarias que todo sabemos a dónde van a parar.

Una más profunda libertad, una más genuina participación han de ser el fruto de una acción política democrática. Porque no debemos olvidar que las cualidades de la persona no tienen un carácter absoluto. El hombre no es libre a priori, si es que se puede escribir así; la libertad de los hombres no se nos presenta como una condición preestablecida, como un postulado, sino que la libertad se conquista, se acrisola se perfecciona en su ejercicio, en las opciones y en las acciones que cada hombre y cada mujer inicia y culmina. El poder público debe, por ello, facilitar, promover, propiciar las condiciones para que cada ciudadano, si quiere, ejerza sus derechos y libertades. Por el contrario, si el poder pone pegas o impide el ejercicio de la libertad y de la participación, además de conculcar su propia finalidad y naturaleza, resulta que viola gravemente el mandato del artículo 9.2 que prohíbe taxativamente dificultar el ejercicio de la libertad y de la participación.

La libertad es ante todo y sobre todo el rasgo en que se declara la condición humana. Las libertades formales no son el fundamento único de la democracia. El fundamento real de la democracia reside en la existencia de hombres y mujeres libres. La política se debe entender, desde esta perspectiva, como un ejercicio a favor de cada individuo, que posibilite a cada vecino su realización como persona. Para eso, quienes tienen a su cargo las riendas de la cosa pública han de practicar el ejercicio del poder como un magnífico medio para la mejora permanente e integral de las condiciones de vida de la gente y una gran oportunidad para contribuir a la humanización de la sociedad.

Jaime Rodriguez-Arana.

Catedrático de Derecho Administrativo.

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