23 October, 2019

A PROPÓSITO DEL LOBBYING

La mala prensa del lobbying es mundial: “No le digas a mi madre que me dedico al lobbying, dile que toco el piano en una casa de citas”, se puede leer en los EE.UU. Y, sin embargo, el lobbying es una actividad imprescindible, si se parte de la ineludible necesidad que todos tenemos de defender nuestros intereses. Al fin y al cabo, ¿quién si no realizará esa labor?

Pero en un país libre el lobbying es además una actividad incuestionable. En algunos Estados su desempeño se ve garantizado por la misma libertad de expresión. No por azar, decía James Madison en El Federalista: “La libertad es a la facción lo que el aire para el fuego, alimento sin el cual éste se extingue de inmediato”.

El Estado, por su parte, queda encargado de propugnar los intereses comunes a todos, los intereses públicos. Ésta es de hecho su única razón de ser y la que orienta –o al menos debería orientar- la totalidad de sus actuaciones.

La defensa de intereses, sean públicos o privados, plantea no obstante dos grandes problemas: el primero, que su agente no repare en medios para hacerlos prevalecer; es la vieja cuestión planteada por supuestos fines que justificarían cualquier tipo de medios. Para el ámbito público, esta tesis fue por ejemplo sostenida ya en Roma (salus publica suprema lex); o en tiempos más recientes, por teóricos de la raison d’état, como Naudé. El segundo, que sean justamente los agentes más poderosos, los mayores Estados, las más potentes empresas, quienes con mayor eficacia logren hacer valer sus intereses. De ahí que el guión de una reciente película hiciera afirmar con todo acierto a su candidato en la ficción a la Presidencia estadounidense: “Los pobres no pueden pagarse un lobby”.

El problema de los medios suele a su vez motivar la lógica falta de transparencia en la acción de quien puede no desear se arroje luz sobre pautas que en ocasiones pudieran implicar un ejercicio inadecuado de presión. Es además sabido que pocos caldos de cultivo son más propicios que la opacidad para el afloramiento de la corrupción. Mientras que la ley del agente más fuerte es fuente evidente de desigualdad: el mejor situado, gracias a su fortaleza para hacer valer sus pretensiones, consigue verlas reconocidas en mayor medida que quien carece de tal ventaja.

La falta de transparencia y su potencial desembocadura en episodios de corrupción se ha venido tratando de combatir con instrumentos como los registros de lobbys, cuya principal virtualidad reside en su naturaleza pública. Sus críticos arguyen que poco puede hacer un registro para evitar el recurso a medios poco ortodoxos en la defensa de intereses de parte. Sus defensores, por contra, sostenemos que al menos de esta forma se conoce quiénes persiguen qué objetivos en sus relaciones con un poder público, a fin de poder pedir cuentas a unos y a otros, naturalmente. La desigualdad puede por otro lado reducirse estableciendo límites legales a los medios de acción del lobby, como la prohibición de ofrecer regalos que rebasen la atención de cortesía; o a la propia actuación de los cargos públicos afectados, por ejemplo tratando de garantizar a cualesquiera agentes privados iguales condiciones para trasladarles sus intereses.

El mejor ejemplo comparado de tales mecanismos es desde luego el norteamericano, aunque sólo sea porque su Federal Regulation of Lobbying Act data nada menos que de 1946. Pero también en Europa se han venido poniendo en práctica, debiendo citarse el Código de conducta de la llamada Sociedad Europea de Asuntos Profesionales o la iniciativa de la Comisión Europea Transparencia Europea. Países como Alemania o Polonia cuentan asimismo con normativa específica.

No nuestro país, donde la última iniciativa relevante al respecto (una proposición no de ley del entonces grupo parlamentario en el Congreso del Centro Democrático y Social), fallida, por supuesto, se adoptó en 1989. Sería deseable que, siguiendo la reciente invitación de una institución de tanto relieve y de tanta autoridad en el ámbito de la gobernanza como es el Consejo de Europa, España se sumara a esa tendencia, pues la regulación del lobbying es una más de las exigencias implícitas en un buen gobierno y una buena administración.

Pablo García Mexía.

Profesor de Derecho Constitucional.

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