19 April, 2014

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS LEYES?

Es usual encontrar en las constituciones, como leyes fundamentales o normas de normas que son, tres grandes bloques de ingredientes: ante todo, unos principios básicos de convivencia; y junto a ellos, los dos componentes esenciales del liberalismo clásico: una declaración de derechos y una organización de los poderes que asegure su recíproca separación. De hecho, como proclamaba el artículo 16 de la Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, aquella sociedad que no garantice los derechos, ni determine la separación de sus poderes, “no tiene constitución”. Todos esos elementos configuran las “decisiones políticas fundamentales” de un constituyente, como por ejemplo el español de 1978, bien que Carl Schmitt, a quien se debe la expresión, no circunscribió en absoluto su alcance a modelos constitucionales como el nuestro.

Efectivamente, esos principios básicos de convivencia, entre nosotros los de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, actúan como cimientos del acuerdo político estatal. De algún modo, como la profesora Adela Cortina ha señalado específicamente a propósito del valor de la justicia, esos principios constituyen puntos cruciales de encuentro, verdaderos fulcros entre política, derecho y moral.

La declaración de derechos materializa la posibilidad y la necesidad de poner un freno, digamos dogmático, al leviatán del poder, dando así a la libertad su carta de naturaleza jurídica. Una libertad que, así lo hacía Isaías Berlin, podemos doblemente entender en su vertiente negativa, centrada en la resistencia frente al imperio público (así, el derecho a la vida); o en su vertiente positiva, más orientada a la participación en sus diversas formas, política, económica o social (así, los derechos democráticos, el sufragio por excelencia). Es sabido, eso sí, que en sus más amplias nociones, libertad y democracia interactúan de forma casi inextricable en las actuales sociedades occidentales.

La separación de poderes, por su parte, cumple la función de limitar, en este caso orgánicamente, al poder público, tanto en el plano central como en el territorial. Como afirmó uno de sus mejores teóricos, por supuesto el Barón de la Brède, Montesquieu, se trataba de conseguir a través de ello que “el poder detenga al poder”, haciendo así posible, en el fondo, el mismo fin que quizá de un modo más directo persiguen las declaraciones de derechos, la propia libertad del ciudadano. Al fin y al cabo, el anhelo de libertad, y no otra cosa, fue el principal motivo de esa visita a Inglaterra del Barón, de la que regresó con las bases de su famosa teoría.

Siendo pues muy frecuente encontrar estas ideas, lo es en cambio mucho menos el descubrir en las constituciones, y en general, en las leyes, factores capitales, no ya de principios como los citados, sino del valor de la prosperidad. En la famosa escena del “juicio por la libra de carne” de su Mercader de Venecia, el inmortal William Shakespeare hace clamar a Shylock por justicia, pese a que su pretensión de resarcirse de una deuda impagada con la carne de su deudor se revela ante el espantado espectador como abusiva, inicua y brutal. Mas el de Stratford insiste en la imposibilidad de “hacer una pequeña injusticia para hacer jusiticia, sometiendo la ley a la autoridad” del Dux e impidiendo así “que la maldad aplaste la verdad”. Si así se hiciera, “malditas” quedarían las leyes de Venecia, “los errores invadirían el Estado” y, con ello, perecerían toda seguridad y certeza sobre aquéllas y sobre éste. ¿Quién confiaría entonces en los mercaderes venecianos a la hora de negociar con ellos? ¿Quién se arriesgaría, por fin, a comerciar con Venecia? Y, sin el comercio, Venecia no podría en modo alguno haber conservado su proverbial prosperidad.

Por eso no es acertado sostener que hablar de leyes (o de constituciones, o de estatutos, que tanto da) es hacerlo de cosas que “no interesan a la gente”. Puede que sea justamente esa escasa atención hacia el enorme potencial de desarrollo humano, económico y social, en su más amplio sentido, de constituciones y leyes, en favor de dimensiones más estrictamente jurídicas o políticas, el que venga propiciando tan escaso interés. A fin de cuentas, esa virtud de las leyes, como motores de prosperidad económica y social, no se percibe a primera vista. Sin embargo, a nadie se le escapa que, por encima de muchas otras necesidades, se hallan las de la propia supervivencia económica: ya lo dijo el clásico, primum vivere et deinde philosophare, en primorosa fórmula sintética de la mucho más actual y sofisticada, pero no mejor fundada “pirámide de Maslow”.

Y es que para todo eso sirven las constituciones y las leyes: para garantizar la libertad, la igualdad, la democracia, por supuesto. Pero, al paso, para hacer posible la prosperidad de un país, la prosperidad de una sociedad.

Pablo García Mexía

Profesor de Derecho Constitucional.

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