26 August, 2019

EL CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN GENERAL

EL CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN GENERAL

 

Una de las cuestiones más importantes para garantizar un pleno y satisfactorio
disfrute del derecho de acceso a la información de interés general, que es un
derecho fundamental de todo ser humano, es la relativa a la independencia del
órgano encargado de velar por su cumplimiento. En muchos países existen
autoridades colegiadas para conocer de las reclamaciones que interponen los
ciudadanos frente a las resoluciones de los órganos competentes para hacer efectivo
este derecho. Obviamente, dichas autoridades, que han de ser colegiadas para
evitar una peligrosa concentración del poder, deben ser independientes del
poder ejecutivo. Si dependieran del poder ejecutivo o de un poder legislativo
monocolor, seguramente el grado de transparencia y de acceso real a la
información será, en términos generales, el que interese en cada momento al
poder responsable de los nombramientos.

En muchos países se busca una fuente plural para elegir a las autoridades del órgano
colegiado encargado de asegurar el derecho al acceso a la información de
interés general. Desde los colegios de periodistas, hasta las academias y
universidades pasando por organizaciones sociales vinculadas a esta temática y
terminando en los tres poderes tradicionales del Estado,  todas estas instancias participan en una
selección de personas que se procura que aporten equilibrio, conocimiento,  imparcialidad y compromiso con los derechos
humanos.

En el Estado de Derecho, el soberano es el pueblo. Y el pueblo, en conjunto o
individualmente considerado, tiene derecho a conocer a ver lo que hacen los
dirigentes y a comprobar si los procedimientos se tramitan con arreglo a las
más elementales exigencias de la racionalidad y la objetividad. El gobierno, la
administración pública, los partidos, los sindicatos, las patronales, los
concesionarios así como todas aquellas ONGs que manejan fondos públicos, han de
estar ante la mirada de los ciudadanos. Es lo lógico y lo normal y nadie que
actúe adecuadamente debiera sorprenderse.

Facilitar la informaciónl es, debe ser, una actividad fundamental de los organismos que
realizan tareas de interés general. A ella deben dedicar tiempo y a ella deben
volcar sus mejores esfuerzos. Es decir, los archivos de los organismos de interés
general deben estar ordenados y en la medida de lo posible los directivos de
estas oficinas deben ser personas con una acreditada trayectoria de
imparcialidad y objetividad.

En el Estado de Derecho, la transparencia debe brillar por su presencia porque los
organismos de interés general son cajas de cristal a la vista de los
ciudadanos. Evidentemente, habrá, es lógico, límites derivados del sentido
común y del juego de otros derechos fundamentales. Solo faltaría. Sin embargo,
la tendencia que se aprecia en la legislación producida en la materia en los
últimos años es bien clara y se debería tener presente: cuándo se establecen
demasiados límites y limitaciones en esta materia, aunque se deban interpretar
restrictivamente, la experiencia muestra que el derecho a la información se
convierte en la excepción y las limitaciones en la regla general.

Ahí está la praxis y lo que ha acontecido en tantos países del mundo en los que, a
pesar de disponer de autoridades formalmente imparciales en la materia, al
final la larga lista de excepciones acaba convirtiéndose en la mejor excusa
para seguir cubriendo de oscuridad y opacidad la, por naturaleza, transparente
actividad de gestión y administración del interés general. Tomemos nota.

 

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. ra@udc.es

 

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Su lema, Visión libre para el compromiso, refleja sus principales valores: orientación estratégica, independencia de criterio y empeño en la solidaridad entre las personas y entre los pueblos.


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