http://www.amchamspain.com/eventos/conferencias/2ª-conferencia-anual-el-poder-de-la-innovación-la-propiedad-intelectual-e

EL EJEMPLO CHILENO

Estos días algunos medios de comunicación se han hecho eco de una polémica bien relevante acontecida allén de los mares. En Chile, para más señas. Se trata de una polémica relativa a un aumento económico de la asignación que reciben los 38 senadores del país hermano. No contentos con un sueldo de 12.000 euros mensuales, y fondos para pasajes aéreos, asesorías legislativas y contratación de personal, tras un acuerdo de todos los grupos, consiguieron un incremento de 3.150 euros mensuales para gastos operacionales. Con tal motivo, se ha conocido también que la Cámara de diputados aprobó un incremento, también de 3.150 euros mensuales, para asesorías legislativas de sus señorías.

Tales decisiones han provocado, como es lógico, un descenso en el prestigio del poder legislativo chileno. Efectivamente, la última encuesta del Centro de Estudios Políticos del país andino refleja que la confianza de la población en los legisladores apenas llega al 13%, sólo superada por los partidos políticos, que está en el 7%. Estos datos reflejan el creciente descontento del pueblo con sus representantes en el poder legislativos y con las principales instituciones encargadas de la representación política. La pregunta, muy bien formulada, preguntaba por el grado concreto de confianza que le merecen los legisladores, los partidos, o, por ejemplo, los tribunales de justicia.

No es una casualidad que el pueblo chileno se pronuncie en estos términos en la encuesta que comentamos. Junto a Uruguay, Chile es el país con menos corrupción en Iberoamérica, superando en esta materia incluso a algunos países europeos que conocemos muy bien. Que la ciudadanía censure de una manera tan intensa la actuación de los legisladores debería mover a la reflexión en ese país y, en general, en otras latitudes.

En España, por ejemplo, bien sabemos lo que mes a mes reflejan las encuestas del CIS sobre los partidos políticos y sobre la llamada clase política, por ejemplo. Aquí, a pesar de la crisis en la que estamos sumidos, no es el caso de Chile, la ciudadanía cada vez se distancia más de los políticos y piensa que, en términos generales, aunque hay honrosas excepciones, los políticos, además de invadirlo todo, disponen de privilegios y prerrogativas sin cuento. Durante muchos meses los partidos han sido, y siguen siendo, las instituciones más desprestigiadas y, sin embargo, la tan cacareada como inédita reforma política no llega.

Si por estos lares se formulara la misma pregunta que el Centro de Estudios Políticos de Chile hizo a los chilenos, mucho me temo que las respuestas no serían muy dispares. Por eso, cuándo tanta gente tiene la opinión que tiene en esta materia, se deberían emprender reformas tendentes a regenerar de verdad la vida política y, sobre todo, a dar mayor participación al pueblo.

Leyendo estos días sobre las reformas políticas y administrativas en el siglo XIX para una conferencia sobre la constitución de 1812, me dejó muy pensativo una sentencia de un famoso historiador que decía que esas reformas ni contaron con el apoyo del pueblo ni con su censura, simplemente se hicieron por una minoría, para una minoría. Hoy, en plena crisis económica y financiera, tenemos la oportunidad, por fin, de que las reformas políticas, sociales, económicas o educativas se hagan para todos, no para la minoría de siempre. Gran tarea y gran responsabilidad.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es

Estos días se ha celebrado una reunión de expertos en el marco de la cumbre de presidentes de América celebrada en Cartagena de Indias, nada menos que sobre la democracia en la región. En el encuentro, organizado en la Universidad de Brown, se han tratado diferentes temas, todos ellos de gran relevancia para que la democracia sea lo que debe ser: el gobierno del pueblo, por y para el pueblo y no lo que parece que es en tantas latitudes: el gobierno de una minoría, por y para una minoría. En este sentido, reducir la brecha, la distancia y la desafección que existe entre ciudadanía y políticos es crucial.

Entre las reflexiones que se han formulado hay una que me parece pertinente y atinada. Me refiero a la propuesta del ex presidente chileno Lagos de que se pongan en marcha auditorías democráticas permanentes con el fin de que se pueda evaluar periódicamente una serie de parámetros e indicadores que permitan conocer en cada momento la calidad de la democracia. En concreto, según el planteamiento de Ricardo Lagos, se trataría de que se pueda medir la participación del pueblo en los asuntos de interés general, el grado de satisfacción de los ciudadanos en relación con el funcionamiento de los servicios públicos y de interés general o, por ejemplo, cómo se facilitan, promueven y protegen  los principales derechos fundamentales.

La democracia no consiste sólo en votar periódicamente. Es algo más, mucho más. Se trata de un sistema que permita que el ciudadano, que es verdadero soberano, el dueño de todos los poderes, el titular de los procedimientos y las instituciones, sea de verdad el principal actor en los asuntos de interés general. Algo que ciertamente contrasta con lo que verdaderamente acontece en tantos y tantos países en los que la democracia no es más que un instrumento al servicio de determinadas minorías que lo explotan y exprimen hasta límites asombrosos.

Por eso, aportaciones como la que comentamos en el artículo de hoy son bien interesantes. No sólo porque tales propuestas son reales pues el desarrollo de la medición de indicadores, también inmateriales, como puede ser la participación o la calidad del ejercicio de las libertades, admite contrastados métodos de verificación. Sino porque su articulación o instrumentación hacen posible, no lo olvidemos, que las cuestiones que se refieren a las condiciones de vida de los ciudadanos ocupen el lugar central y no sean, como tantas veces acontece, usadas o utilizadas al servicio de intereses inconfesables.

En este sentido, el ex vicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez comentó en este seminario que en Centroamérica hay una democracia de baja intensidad que se utiliza por los políticos como instrumento para perpetuarse en el poder. Tal comentario, obvio y patente en determinados países de la región, debiera hacer pensar a quienes presumen de democracias desarrolladas acerca de la centralidad real de la dignidad del ser humano, acerca de la participación real del pueblo en los asuntos de interés general, acerca, en definitiva, de la preocupación de los políticos por ejercer el poder en nombre y representación del pueblo y a él periódicamente rendir cuentas de su administración. Por una soberana razón, valga la redundancia: el soberano es el pueblo, del que emanan todos los poderes. ¿O no?

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es

Su panel viene definido bajo el lema: ”Definiendo la privacidad y la protección de datos”.

http://www.amchamspain.com/content/video-panel-1-seminario-sobre-protección-de-datos-2012

Se centrará en dar respuesta a cuestiones tales:

1. Cómo se crea nuestra identidad y qué efectos tiene la revolución tecnológica en nosotros.

2. Qué potencial existe en el campo de la gestión de identidad.

3. Quién crea las reglas sobre: protección de datos, privacidad y transparencia en un mundo global.

La Escuela de Derecho y el Grupo de Estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana (GRED UNIBE) prepararon una intervención magistral con Ernesto Jiniesta, Juez de la Sala Constitucional de Costa Rica, y Jaime Rodriguez Arana, del Foro Administrativo Iberoamericano.

http://www.youtube.com/watch?v=0YhLxiBQP3k

Una de las cuestiones más importantes para garantizar un pleno y satisfactorio
disfrute del derecho de acceso a la información de interés general, que es un
derecho fundamental de todo ser humano, es la relativa a la independencia del
órgano encargado de velar por su cumplimiento. En muchos países existen
autoridades colegiadas para conocer de las reclamaciones que interponen los
ciudadanos frente a las resoluciones de los órganos competentes para hacer efectivo
este derecho. Obviamente, dichas autoridades, que han de ser colegiadas para
evitar una peligrosa concentración del poder, deben ser independientes del
poder ejecutivo. Si dependieran del poder ejecutivo o de un poder legislativo
monocolor, seguramente el grado de transparencia y de acceso real a la
información será, en términos generales, el que interese en cada momento al
poder responsable de los nombramientos.

En muchos países se busca una fuente plural para elegir a las autoridades del órgano
colegiado encargado de asegurar el derecho al acceso a la información de
interés general. Desde los colegios de periodistas, hasta las academias y
universidades pasando por organizaciones sociales vinculadas a esta temática y
terminando en los tres poderes tradicionales del Estado,  todas estas instancias participan en una
selección de personas que se procura que aporten equilibrio, conocimiento,  imparcialidad y compromiso con los derechos
humanos.

En el Estado de Derecho, el soberano es el pueblo. Y el pueblo, en conjunto o
individualmente considerado, tiene derecho a conocer a ver lo que hacen los
dirigentes y a comprobar si los procedimientos se tramitan con arreglo a las
más elementales exigencias de la racionalidad y la objetividad. El gobierno, la
administración pública, los partidos, los sindicatos, las patronales, los
concesionarios así como todas aquellas ONGs que manejan fondos públicos, han de
estar ante la mirada de los ciudadanos. Es lo lógico y lo normal y nadie que
actúe adecuadamente debiera sorprenderse.

Facilitar la informaciónl es, debe ser, una actividad fundamental de los organismos que
realizan tareas de interés general. A ella deben dedicar tiempo y a ella deben
volcar sus mejores esfuerzos. Es decir, los archivos de los organismos de interés
general deben estar ordenados y en la medida de lo posible los directivos de
estas oficinas deben ser personas con una acreditada trayectoria de
imparcialidad y objetividad.

En el Estado de Derecho, la transparencia debe brillar por su presencia porque los
organismos de interés general son cajas de cristal a la vista de los
ciudadanos. Evidentemente, habrá, es lógico, límites derivados del sentido
común y del juego de otros derechos fundamentales. Solo faltaría. Sin embargo,
la tendencia que se aprecia en la legislación producida en la materia en los
últimos años es bien clara y se debería tener presente: cuándo se establecen
demasiados límites y limitaciones en esta materia, aunque se deban interpretar
restrictivamente, la experiencia muestra que el derecho a la información se
convierte en la excepción y las limitaciones en la regla general.

Ahí está la praxis y lo que ha acontecido en tantos países del mundo en los que, a
pesar de disponer de autoridades formalmente imparciales en la materia, al
final la larga lista de excepciones acaba convirtiéndose en la mejor excusa
para seguir cubriendo de oscuridad y opacidad la, por naturaleza, transparente
actividad de gestión y administración del interés general. Tomemos nota.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. ra@udc.es